Los asesores fiscales denuncian que algunas medidas del Plan contra el Fraude rozan la inconstitucionalidad

Asesores fiscales denuncian que algunas medidas del Plan contra el fraude rozan la inconstitucionalidadLos asesores fiscales denuncian que algunas medidas del Plan contra el Fraude rozan la inconstitucionalidad

Dudan de la figura del contribuyente "sospechoso" y de la entrada en el domicilio como medida cautelar, mientras Hacienda asegura respetar la ley.

El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Rubén Candela, denunció ayer que algunas de las medidas del Plan de Prevención del Fraude Fiscal presentado por el Gobierno podrían "rozar la inconstitucionalidad", y criticó los "graves errores conceptuales" que contiene al no acotar de forma clara el concepto de 'fraude fiscal' y la ausencia de "cobertura jurídica" del mismo.

Candela, que presentó ayer un informe de Aedaf sobre el Plan contra el Fraude, dirigido por el profesor César García Novoa, señaló que las medidas relativas a la entrada en el domicilio para embargar, la investigación de cuentas corrientes o la atribución de marcas informáticas a individuos "sospechosos" pueden vulnerar principios constitucionales como el derecho a la intimidad, la inviolabilidad del domicilio o la presunción de inocencia. 

En concreto, los asesores fiscales consideran inaceptable que el Plan contra el Fraude abra la puerta a la posibilidad de que un inspector pueda entrar en el domicilio de un contribuyente como medida cautelar, aunque entienden que se deba entrar en el caso de embargos. "Se puede entrar en el domicilio para embargar, pero no para adoptar medidas cautelares", reiteró Candela. 

En el tema de la investigación de las cuentas corrientes, el presidente de Aedaf se mostró partidario de la investigación de las mismas, pero advirtió de la necesidad de que el requisito actual para que un inspector tenga acceso a ellas —la autorización del delegado de la Agencia— no se puede rebajar porque se vulnerarían las garantías mínimas del contribuyente. 

 

El contribuyente "sospechoso"

Candela criticó también que en el Plan contra el Fraude se "sugiere" la asignación de determinadas marcas informáticas a los contribuyentes "sospechosos" en la relación con las tramas de fraude del IVA, medida que, en su opinión, pasa por alto el principio de presunción de inocencia. "No se puede denegar el acceso al registro de exportadores intracomunitarios sólo por ser sospechoso", reiteró Candela, que se preguntó si lo que realmente busca Hacienda es una "ley de peligrosidad fiscal sin amparo constitucional". 

Así, calificó de "sencillamente intolerable" tratar como defraudadores en potencia a los empresarios en estimación objetiva o a quienes comienzan una actividad económica. Igualmente, los asesores no ven con buenos ojos el concepto de fraude fiscal que maneja el Gobierno porque, según ellos, supone reincidir en un viejo error al considerar como defraudatoria cualquier conducta de los contribuyentes que limite una supuesta potencialidad recaudatoria. En este sentido, Candela explicó que Hacienda equipara dentro del concepto de fraude la evasión con la elusión fiscal. 

"Para los asesores fiscales esta equiparación no es aceptable porque supone desconocer que una cosa es no pagar estando obligado o evitando estar obligado mediante simulaciones y falsedades, y otra muy distinta es pagar menos porque se han elegido los negocios con mejor trato fiscal", añadió Candela, que aseguró que el plan no establece la necesaria diferenciación entre fraude y planificación fiscal. 

 

"Intervencionismo"

Además, la Aedaf estima que las propuestas organizativas del plan llevan a un "intervencionismo" permanente de la administración en el ámbito personal y patrimonial del contribuyente. Esta intervención, según los asesores, se efectúa a través de pretensiones como las de "dinamitar" el modelo funcional de reparto de competencias actualmente existente en la Agencia Tributaria, de modo que todos los departamentos puedan hacer cualquier función, o mediante el incremento "exponencial" de las obligaciones formales sin tener en cuenta el principio de proporcionalidad y la limitación de costes. 

Para los asesores fiscales, tampoco son acertadas las propuestas de calificación en niveles de riesgo de los contribuyentes, pues no garantizan, según ellos, una igualdad mínima al no concretarse tales criterios de riesgo. "Ni son novedosas las referencias a la colaboración con otros órganos administrativos ni con el Ministerio Fiscal, los jueces y las fuerzas de orden público", señala el informe de Aedaf. 

Dentro de las propuestas de lucha contra el fraude en el sector inmobiliario, Candela indicó que la nueva exigencia de incluir el NIF del arrendador en la declaración de la renta de los inquilinos es una medida "ineficaz". En su opinión, la medida más eficaz para controlar estos contratos sería establecer una deducción por alquiler de vivienda para los inquilinos, lo que obligaría al arrendador a declarar esta renta. 

 

Respuesta de Hacienda

Frente a todas estas críticas, la Agencia Tributaria asegura que el Plan de Prevención del Fraude Fiscal no introduce ningún cambio en cuanto al acceso al domicilio de los contribuyentes o el control de las cuentas corrientes, por lo que respeta la normativa al respecto contemplada en la Ley General Tributaria. Fuentes de la Agencia explicaron que al domicilio particular o fiscal del obligado tributario sólo puede accederse con el permiso del contribuyente o mediante autorización judicial, y señalaron que el Plan contra el Fraude no modifica en absoluto este requisito, sino que simplemente se limita a indicar que se adoptarán las medidas cautelares que se consideren necesarias para asegurar el cobro de la deuda tributaria. 

En cuanto a la inspección de las cuentas corrientes, explicaron que el Plan del Fraude no introduce cambios tampoco en los requisitos actuales recogidos en la Ley General Tributaria, en la que se establece que el acceso a las mismas sólo puede hacerse mediante la autorización del delegado especial de la Agencia Tributaria o del director del departamento. Además, respecto a la crítica de Aedaf sobre la existencia de contribuyentes "sospechosos" en las tramas del IVA, las mismas fuentes precisaron que el plan sólo establece la necesidad de controlar a los contribuyentes que solicitan la entrada en el registro de exportadores intracomunitarios.

 

Publicado: La estrella digital | 17 de febrero de 2005