La “llamada era del compliance”

Compliance LegalEspecial relevancia plantea, para las empresas, la última reforma del Código Penal, operada por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, y que entró en vigor en julio de 2015. Entre otras novedades, ha venido a incidir en el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. No estamos hablando de una responsabilidad civil, sino de una responsabilidad penal de la empresa que es autónoma e independiente de la de los administradores, pudiéndose añadir a ésta. 

Ahora bien, la persona jurídica queda exenta de responsabilidad “si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión” (art. 31.bis.4). Este modelo ha de cumplir los siguientes requisitos (art. 31.bis.5): identificación de las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben prevenirse; establecimiento de protocolos que concreten el proceso de formación de la voluntad, adopción de decisiones y ejecución de las mismas con relación a aquéllos; imponga la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar por la observancia del modelo; se establezca un sistema disciplinario que sancione, adecuadamente, el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo y, por último, se realice una verificación periódica de este último.

 

Así, el legislador obliga a toda sociedad mercantil a contar con un sistema de prevención, detección, vigilancia  y control (en terminología anglosajona, "compliance") para no incurrir en riesgos penales y sobre el que ya ha dado su opinión la Fiscalía General del Estado en su Circular 1/2016, de 22 de enero. Esta última pone de manifiesto, de un lado, que su regulación debe interpretarse de manera que el régimen de responsabilidad penal de la empresa no quede vacío de contenido y sea de imposible apreciación en la práctica. De otro, el objeto de los modelos no es solo evitar la sanción penal de la empresa, “sino promover una verdadera cultura ética corporativa”, de modo que su verdadera eficacia reside en la importancia que tienen en la toma de decisiones de los dirigentes y empleados y en qué medida constituyen una verdadera expresión de su cultura de cumplimiento.

Cultura en la que ya habían incidido recomendaciones de seguimiento voluntario y que dimanan de Códigos y Guías de buenas prácticas sujetas al principio de voluntariedad y también afectan a relaciones jurídico materiales distintas. Por un lado, dos documentos elaborados por la CNMV: el Código de buen gobierno y la Guía para la elaboración del Informe de Gestión. Por otro, el Código de Buenas Prácticas Tributarias perfecciona la normativa fiscal en la recíproca relación de cooperación entre la AEAT y la sociedad que lo suscriba.

 Por tanto, las empresas y sus asesores han de comenzar a trabajar en la implantación del modelo de prevención penal, ya que las consecuencias, en caso contrario, pueden ser muy negativas.

 

Rubén Candela Ramos.

Socio Director de Candela Asesores y Auditores

Economia |Asesor fiscal.