Otra ley que se incumple

Incumplimiento_ley_administracionDoble raseo, ley del embudo…llámenlo como quieran, pero  ya me dirán si no hay que aplicar alguna de estas definiciones al distinto modo que exige el cumplimiento de la Ley, ya sea del ciudadano, o a alguna administración pública. De lo que está pasando en Cataluña ni hablamos. Tengamos la fiesta en paz.  Hace poco hemos tenido en el despacho un ejemplo más. Empresa, cumplidora hasta la médula, tiene un problema con una transferencia y en lugar de abonar un IVA el último día, lo abona al día siguiente a las 8 de la mañana. Recargo por fuera de plazo 5%. Por unas horas casi 15.000 euros de recargo. Es legal. Artículo 27 de la LGT, pero no me digan que es razonable. Tiene naturaleza indemnizatoria, un 1.825% anual. Lo recurriremos, pero ya veremos…       

         Resoluciones Judiciales. Se ha estereotipado una frase que se machaconamente se viene repitiendo en todas ellas: “Se han cumplido todos los plazos excepto aquellos que competen al Juzgado por la elevada carga de trabajo que pesa sobre el mismo…”. Me pregunto si nos admitirían un escrito fuera de plazo en el que dijéramos “…se presenta fuera de plazo por el intenso trabajo que tenemos en el despacho…”.

           Es decir, para el ciudadano todo el rigor, para las Administraciones laxitud absoluta. Se prevén en la legislación 93 supuestos de silencio administrativo frente 3 ó 4 de silencio positivo. Ganan por goleada.

       Y otra ley, muy reciente, que también se viene incumpliendo sin consecuencias es la  Ley de Transparencia (Ley 19/2013), Según la misma, el Gobierno debe publicar en el Portal de Transparencia que crea dicha Ley, entre otras cosas, aquellas resoluciones “que tengan efectos jurídicos”. Pues bien, las bases de datos publicadas de resoluciones del TEAC contienen unas 4.000 resoluciones del periodo 2004- 2013, mientras que según sus Memorias se dictaron unas 35.000. Y esto se agrava con las resoluciones de los tribunales regionales que no se publican en sitio alguno y se puede calcular que  en ese periodo  se han dictado alrededor de 1.350.000.

        ¿Desidia? ¿Omisión interesada que sería aún más grave? No lo sé, lo que sí sé es que de este incumplimiento no se deriva consecuencia alguna y mientras el ciudadano está obligado simplemente a cumplir las leyes, la administración lo está por mandato constitucional  y si las incumple, lo que hace reiteradamente, ¡no pasa nada!

        Un compañero está empezando a referirse a este país como Espanistán y estoy pensando en seguirle.

 

 

Rubén Candela es Asesor Fiscal | Economista

 

Publicado: Diario Sur | 15-10-2017