Impuesto sobre Sucesiones. Histeria Colectiva.

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Tenía que llegar. Muchos profesionales hace años que venimos criticando el Impuesto sobre Sucesiones por muy diversos motivos, pero parece que el tema no había llegado a calar a nivel popular, tal vez porque muchos ciudadanos pensaban que no iba con ellos, que eso era cosa de otros niveles. Eso, confirmado por declaraciones altisonantes de los políticos, verbi gratia la señora Díaz, proclamando a voz en grito que “…no iba a bajar impuestos a los ricos…” mantenía a gran parte de la ciudadanía como meros espectadores de la cuestión. “Constato que no me afecta”.

Mas he aquí que, de pronto, la crisis presenta uno de sus efectos colaterales. El hundimiento del mercado inmobiliario y la consiguiente retracción de las ventas hace que personas que han sido “agraciadas” con una herencia se encuentren con un activo inmobiliario y con un pasivo, el Impuesto sobre Sucesiones, que deben abonar en efectivo, efectivo con el que no cuentan. Olvidamos citar aquí -y no debemos- el impuesto municipal de plusvalía porque, aun siendo escasas, el Impuesto sobre Sucesiones tiene reducciones y bonificaciones pero aquél no y tiene su peso, vaya si lo tiene. Y en esa situación no es infrecuente que, al final, los bienes de la herencia acaben en las arcas públicas. Y que quede ahí porque si no fueren suficientes para extinguir las deudas el principio de responsabilidad patrimonial universal hace que el deudor pueda seguir siendo perseguido hasta la extenuación.

Y cuando a esa sensación de confiscación, de expolio, le unes el agravio comparativo de saber que unas provincias más arriba, otro ciudadano, otro compatriota constitucionalmente igual que tú ante la Ley no paga nada, la indignación está servida. Ya se sufre directamente en las carnes, ya no cuela el decir que es un impuesto para ricos. Por cierto, señora Presidente, permítame una expresión algo castiza: “no se enrolle”. Usted sabe perfectamente que los ricos de verdad pagan muy poco de esto. La bonificación sobre activos empresariales sí está funcionando. Pagan quienes han acumulado, posiblemente a través de una vida de trabajo, un cierto patrimonio que, naturalmente, ya ha sido gravado por IRPF y posiblemente por otro impuesto estrella de nuestro sistema tributario: el de Patrimonio.

Es de justicia reconocer que desde el pasado 1 de enero una modificación de la legislación autonómica, pactada entre PSOE y Ciudadanos ha mejorado algo la situación estableciendo un mínimo exento, una reducción (por cierto, sigue siendo técnicamente defectuosa), un mejor tratamiento de la vivienda habitual, etc. pero sigue siendo manifiestamente insuficiente. El sentimiento de agravio no desaparecerá en tanto subsistan esas diferencias absolutamente abismales entre ciudadanos de distintas Comunidades. Urge que por el Gobierno de la Nación se modifique la Ley reguladora para resolver esa situación, pero mientras eso no se haga, mantener la legislación autonómica andaluza como está, es, a mi juicio, un claro abuso de poder.

                                                                                              Rubén Candela Ramos

     Economista | Asesor fiscal

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