Medidas preventivas

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Recuerdo que hace unos años, cuando se aprobó el llamado Plan de Prevención del Fraude Fiscal, documento luego cristalizado en diversas normas de distinto rango, tal  vez en especial la Ley 36/2006, valoramos positivamente la idea, frente a otros sectores del mundo tributario que la criticaron abiertamente.

            Esas medidas, como digo ya en vigor a través de distintas disposiciones han empezado a aplicarse y conviene hacer un análisis crítico de las mismas para saber si surten el efecto deseado, cosa de la que no estoy muy convencido.

            Por definición, las medidas preventivas no afectan solamente a los “malos”. Van dirigidas contra todo aquel potencial defraudador que, en última instancia, es todo contribuyente. Por tanto, en cuanto se está haciendo soportar a todo contribuyente la presión fiscal indirecta de tales medidas, es preciso que se conozca por parte de los ciudadanos el coste de las mismas y el resultado que están proporcionando y, de momento, no lo sabemos.

Todos cuantos viajamos en avión sabemos la molestia que supone soportar las medidas preventivas impuestas por razones de seguridad. Colas, molestias, los casi strep-tease que nos vemos obligados a practicar, un cúmulo de instalaciones, gran cantidad de empleados dedicados a las tareas de control, etc. ¿Cuánto cuesta esto? No lo sé, pero sí puedo decirles que alguien que tiene razones para saberlo me hizo un comentario hace poco que me permite aventurar que las tasas aeroportuarias no dan para cubrirlo.

Pues bien ¿cuánto cuestan las medidas preventivas en materia fiscal? Que, repito, no pagan los defraudadores, las pagamos todos. Avanzaremos algunos datos. En un documento titulado “Plan de prevención del fraude fiscal. Resultados 2005. Agencia Tributaria” se hace constar que las actuaciones homogéneas de la AEAT han crecido un 41,8% con crecimientos espectaculares en las realizadas frente a tramas organizadas de fraude en el IVA y facturas falsas (371%) y sector inmobiliario (54%). Y me pregunto cómo es posible que con estos crecimientos en actuaciones en sectores tan, a priori, potencialmente defraudadores, los ingresos por actuaciones de control hayan crecido en sólo un 12,9%.

Y en materia puramente preventiva. En este tipo de actuaciones, llamadas de control extensivo, se crea una sensación de agobio al contribuyente, al que a veces se requiere por cuestiones más o menos insignificantes, se envían requerimientos en lenguaje críptico que hay que descifrar y que exigen una atención inmediata so pena de caer de lleno en el engranaje del procedimiento sancionador que es automático. Pues bien, según el mismo documento, en 2005 se practicaron 5.922.000 actuaciones de este tipo, casi 6 millones de actuaciones. He reflexionado sobre mi propia experiencia y he contrastado opiniones con numerosos compañeros y la respuesta es unánime. Rara es la actuación de gestión que no requiere un mínimo de 3 ó 4 horas para atenderla. Algunas muchas más, pero menos de eso prácticamente ninguna. Es decir, que no es aventurado decir que estas actuaciones están suponiendo a la economía nacional algo así como 24 millones de horas de trabajo. ¿Qué están proporcionando a cambio? Los ciudadanos tenemos todo el derecho a obtener una respuesta clara.

Rubén Candela

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